La formación continua en el empleo, paralizada por un sistema disuasorio

• El Proyecto de Ley de Empleo renuncia a resolver la situación
• Millones de euros en recursos quedan desaprovechados en el sistema de formación
• Se necesita una verdadera estrategia de reciclaje profesional efectiva

España cuenta con un sistema de Formación Profesional en el Empleo que pretende, entre otros objetivos, mejorar la productividad de los trabajadores, su empleabilidad y también la competitividad de nuestras empresas. Para conseguir estos objetivos se recaudan importantes fondos que provienen de las propias cotizaciones de las personas que trabajan por cuenta ajena y autónomos. Fondos que sistemáticamente, al final de cada año, simplemente no son utilizados en una gran parte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué «sobra dinero» año tras año en algo que todo el mundo entiende como fundamental para el mercado de trabajo y para el país?

La respuesta es que el sistema actual de formación profesional en el empleo disuade a las empresas de aprovechar los recursos disponibles para la formación de sus trabajadores. Lo hace mediante limitaciones y exigencias burocráticas injustificables que producen un lógico rechazo de las empresas y que les anima de facto a abandonar la formación bonificada con cuotas de sus propios empleados.

Los trabajadores autónomos, por su parte, son simplemente excluidos, restringiendo su participación a un escasísimo porcentaje de las iniciativas de formación, que rara vez se ajustan a sus necesidades o posibilidades de participación, ello pese a su necesidad indiscutible de un reciclaje profesional continuo, si quieren seguir prestando servicios competitivos.

De este modo, año tras año se van acumulando remanentes de dinero que no se ha podido emplear en sus objetivos formativos. A fecha de hoy, esos remanentes se cifran en más de 5.000 millones de euros. La gran paradoja del sistema de formación profesional en el empleo es la abundancia de recursos de que dispone, pero que no se aprovechan.

Es preciso señalar que de estas cantidades, el Estado no aporta ni un céntimo de euro en ninguna partida presupuestaria, ya que cada año se recaudan más de 2.000 millones de euros de manera automática, sea cual sea el Gobierno de turno, a través de la cuota de formación que se detrae de cada nómina de todos los trabajadores y de las cotizaciones sociales de todos los trabajadores autónomos.

Tarifas de 2007, vigentes quince años después

El sistema de Formación Profesional en el Empleo mantiene un catálogo de cursos con tarifas congeladas desde hace 15 años (ha leído bien) que, naturalmente, influyen en la calidad de la formación que los trabajadores y trabajadoras puedan recibir, pero es que, además, las propias empresas solo pueden disponer para formación de una parte menor de lo recaudado en las nóminas de sus propios trabajadores, debiendo hacerse cargo del coste adicional (y de toda la tramitación).

El único aspecto afortunado que le queda a esta normativa es que, según la normativa todavía vigente, el dinero recaudado por la cuota de formación tiene un carácter finalista, lo que significa que solo se puede gastar en formación de los trabajadores. Por tanto, el Estado no puede disponer de ese dinero ni de sus remanentes para otros fines que no sean justamente la formación profesional en el empleo. Pues bien, esa pequeña reserva está a punto de caer si sigue adelante el Proyecto de Ley de Empleo que actualmente está en tramitación en el Congreso.

Lejos de buscar una solución para evitar que se pierdan oportunidades de formación con un dinero que ya está ahí para eso, lo que pretende el Proyecto de Ley de Empleo es modificar el carácter finalista de los fondos recaudados por la cuota de formación profesional y poder dedicar los remanentes para otros fines distintos de la propia formación. Estamos de hecho ante un «innovador impuesto al empleo» puesto que la recaudación se va a seguir produciendo, el sistema seguirá expulsando a las empresas y sus trabajadores, pero, eso sí, el dinero se utilizará en otras cosas, en lo que el Gobierno de turno estime oportuno.

Desde la asociación AformaE estamos explicando esta grave situación a los distintos grupos políticos y haciéndoles llegar nuestras soluciones para algo perfectamente posible: que el sistema se rediseñe, gane eficacia, vuelva a interesar a las empresas y a los autónomos y, de ese modo, que cada año se puedan agotar los fondos recaudados con la cuota de formación y se haga posible una verdadera estrategia de reciclaje profesional efectiva. España se juega su productividad y competitividad como país.

José Luis García Guglieri