La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mostrado su satisfacción, en lo que ha catalogado como un momento histórico, por haber llegado, una vez más, a un acuerdo con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) -Asaja, COAG y UPA- y Cooperativas-Agroalimentarias, en este caso para plantear alegaciones conjuntas al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac). Crespo ha destacado que «esta alianza tiene como objetivo la defensa de nuestros agricultores y ganaderos y la búsqueda de las mejores soluciones para reducir al máximo el impacto que suponen los cambios que trae consigo la nueva PAC».
La consejera de Agricultura, que ha participado en la Mesa de Interlocución Agraria en la Consejería, ha querido agradecer a todas las OPAS y Cooperativas «su altura de miras, su liderazgo, capacidad de negociación y el diálogo fluido y leal que han tenido durante una semana de intenso trabajo». Gracias a él se ha conseguido consensuar el texto de las alegaciones que va a presentar Andalucía al Pepac antes del 1 de marzo. Un documento con «mucha visión técnica y agronómica, cuyas aportaciones recogen la reivindicación justa de los agricultores y ganadero andaluces».
Carmen Crespo ha subrayado la importancia de que «nuestra comunidad autónoma, que cuenta con uno de cada tres perceptores de la PAC en nuestro país, tenga una voz unánime en la tarea de defender nuestro campo ante la nueva PAC». La consejera se ha mostrado «esperanzada» de que el Gobierno de España sea receptivo a las peticiones unánimes de Consejería y sector agrario. Y es que se está ante «unas propuestas consensuadas que son vitales para el conjunto de la sociedad andaluza y las zonas rurales donde vive el 66% de la población». Por tanto, «abordamos cuestiones cruciales para el futuro de nuestra agricultura y los jóvenes que, de forma más asidua, se están incorporando a ella».
La consejera se ha mostrado «orgullosa» por el entendimiento y la alianza lograda, una vez más, en Andalucía en defensa de los intereses de todo el sector agrícola. Es, precisamente, «esa fortaleza la que hará posible que todos trabajemos en la mejora de una Política Agraria Común, con menos pérdidas y más adaptada a la realidad de nuestro campo», ha explicado.
Entre las principales alegaciones que figuran en el documento único acordado entre Consejería, OPAS y Cooperativas destaca la petición de que se flexibilicen, de manera definitiva, las prácticas medioambientales exigidas con la nueva PAC, como ha hecho Andalucía, por ejemplo, reduciendo de cuatro a dos meses la obligatoriedad de cubiertas vegetales en el olivar. El texto recoge también la pertinencia de un rediseño de las regiones de la Política Agraria Común, especialmente para las comarcas de la Campiña de Sevilla, La Janda de Cádiz, El Condado de Huelva, Antequera y La Loma de Jaén, que son las que más fondos pierden con la nueva PAC.
El documento único también traslada al Ejecutivo central la petición de que se aumenten los criterios para la fijación de las cuantías económicas de los ecorregímenes, teniendo en cuenta otras variables como la estructura del suelo o de las explotaciones. A ello se suma la demanda de equiparar las ayudas a la remolacha del sur con la del norte del país, así como una ayuda asociada específica para el girasol y los frutos secos de Huéscar, Guadix y la comarca de Los Vélez (Almería).
Otro aspecto importante que se contempla como alegación desde Andalucía al Pepac es la modificación del concepto de agricultor activo, promoviendo que el producto integrado o ecológico sea considerado como tal per se. Los firmantes de las alegaciones conjuntas entienden que debe considerarse suficiente con demostrar actividad agraria, aunque se compatibilice con otras actividades.
En el caso del cuaderno digital de explotación agrícola, y debido a los efectos que están teniendo en el sector la guerra en Ucrania, los elevados costes de producción, la inflación y la sequía, es preciso que se proceda a un aplazamiento hasta septiembre de 2024, y hasta el mismo mes de 2025 en el caso de las pequeñas explotaciones. En cualquier caso, el documento realiza una petición expresa de que se conceda un tiempo voluntario y en prácticas a los productores para poder familiarizarse con el mismo.
Otro punto que integra el documento es la petición de flexibilizar la condicionalidad, o lo que es lo mismo, las prácticas ambientales que se exigen con la nueva PAC. Andalucía entiende que su flexibilización es procedente para poder adaptarlas a la realidad de la comunidad autónoma y que tengan una mejor aplicación. Por otra parte, como territorio con la mayor superficie de agricultura ecológica de España, con más de un 29%, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarias solicitan que este tipo de producción sea considerada como un ecorregimen per se.
La consejera Carmen Crespo ha valorado esta «alianza infranqueable, que ya nos ha permitido reconducir una PAC que era mucho más lesiva para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos». Crespo ha dejado claro que «el Gobierno de Andalucía y el sector agroalimentario andaluz vamos a seguir, al unísono, trabajando hasta el último por una PAC que reconozca el peso agrario de nuestra tierra».
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural trabaja en la modificación y el diseño de medidas que compensen las pérdidas que finalmente pueda conllevar la PAC en Andalucía. Al respecto, Crespo ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas agroambientales, que vendrá con novedades y mayor simplificación para una mejor articulación.
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