El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en los transportes públicos desde hoy, día 8 de febrero.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que la modificación del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, que entra en vigor mañana, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, supone la eliminación el uso obligatorio de la mascarilla en los medios de transporte públicos, mientras se mantiene la obligatoriedad en centros y servicios sanitarios, en las oficinas de farmacia y botiquines, así como en los centros sociosanitarios, para las personas que trabajen en ellos y los visitantes.
La eliminación del uso obligatorio en los medios de transporte se produce con el parecer favorable de las personas expertas que forman la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuestas del CISN, oído el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud (CISNS).
Darias ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta decisión se adopta en un momento de gran estabilidad, en cuanto a los casos COVID-19, con una clara tendencia a la baja.
Según el último informe, del viernes pasado, la incidencia acumulada (IA) a 14 días en mayores de 60 años es de 50,76 casos por 100.000 habitantes.
Además, las camas ocupadas por pacientes COVID son un 1,64% del total y en las UCIs, un 1,70%. Las cifras más bajas de toda la pandemia.
En cuanto a vacunación, casi un 93% de la población mayor de 12 años cuenta con dosis completa. Así mismo, ya se han administrado más de 110 millones de dosis administradas y más del 75% de los mayores de 80 han recibido la segunda dosis de recuerdo.
La ministra de Sanidad, ha insistido en la recomendación de un uso responsable de las mascarillas. De esta forma, tal y como indican las personas expertas, se aconseja su uso en personas que presentan sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda y en personas vulnerables.
También en espacios cerrados, en eventos multitudinarios, así como en el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas en función de la vulnerabilidad de los participantes.
Nueva Agencia Estatal de Salud Pública
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado también hoy el anteproyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) en segunda vuelta. Una Agencia que se crea para dar una respuesta rápida y eficaz ante futuros riesgos de salud pública en España.
Darias ha recordado que la creación de esta Agencia era un mandato legal desde 2011, dentro la Ley 23/2011 General de Salud Pública, y que ha sido este Gobierno quien la ha impulsado como una prioridad para abordar situaciones en nuestro sistema de salud que requieren de anticipación, respuesta rápida y coordinada que nos permitan responder a los nuevos retos en salud, como una de las lecciones de la pandemia.
La Agencia Estatal de Salud Pública va a contribuir a la mejora de la salud y del bienestar de la población, mediante actuaciones de prevención y control de enfermedades, al tiempo que promoverá el conocimiento, el asesoramiento técnico y científico.
La ministra ha subrayado que esta creación va a permitir abordar las respuestas al actual contexto de cambio climático y su afección a la salud con el concepto ‘One Health’ para hacer frente, también, a zoonosis y enfermedades emergentes cada vez más relacionadas con el cambio climático.
De esta forma, ha indicado Carolina Darias, se viene a dar respuesta a una demanda tanto de los profesionales la salud como del conjunto de la ciudadanía a través de una iniciativa que cuenta con un amplio consenso parlamentario, como así se refleja en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.
También se refleja como una necesidad en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el Real Decreto 1150/2021 de 28 de diciembre. Y se ha materializado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Además, la propia Comisión Europea ha instado a la creación de este tipo de organismos en coordinación con el ECDC, la EMA y la Autoridad de Preparación y Respuestas ante Emergencias Sanitarias (HERA).
La AESAP estará adscrita orgánicamente al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría de Estado de Sanidad y sus fines generales serán la vigilancia, identificación y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes, así como de los problemas, amenazas y riesgos en materia de salud pública, prestando especial atención a las desigualdades sociales en la salud.
Tendrá también competencia sobre la información y comunicación pública sobre la salud de la población y sobre la coordinación de actividades de preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias.
La AESAP ejercerá el papel de refuerzo de la coordinación con los servicios de salud pública y los servicios asistenciales de las ciudades y comunidades autónomas. Y con el resto de administraciones y sociedad civil.
Además, la Ley prevé la obligación del suministro de datos a la AESAP por parte de todas las administraciones públicas.
En su Disposición Adicional Primera, este anteproyecto de Ley establece las tasas exigibles por los servicios y actividades realizadas en materia de plaguicidas de uso ambiental y en la industria alimentaria, así como todos los biocidas en general, en aplicación del Reglamento Comunitario relativo a esta cuestión.
El Estatuto de la AESAP se aprobará por el Gobierno en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, a través de real decreto y en el mismo se determinarán los órganos, centros y servicios de la Administración General del Estado integrados en ella.
Por otra parte, Darias ha informado que el Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción para la compra conjunta de vacunas contra la viruela del mono o monkeypox, realizada por la Comisión Europea a la Compañía Bavarian Nordic.
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